Tarija, 19 de junio de 2026
El alcalde de Tarija, Johnny Torres, se refirió al proyecto de ley aprobado en el Senado que dispone la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenido a las gobernaciones, señalando que la iniciativa actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados y que los alcaldes continúan realizando gestiones para lograr que esos recursos también beneficien a los gobiernos municipales.
La autoridad manifestó que no existe objeción a que las gobernaciones reciban la devolución de los recursos retenidos durante la gestión 2025. Sin embargo, expresó su preocupación porque la medida, según lo planteado hasta el momento, no contempla a los municipios ni a las universidades, sectores que también enfrentan dificultades económicas.
“Nos llama poderosamente la atención que solamente es una devolución a gobernaciones y no a los municipios también, o a las universidades”, afirmó.
Torres sostuvo que esos recursos permitirían enfrentar la situación económica que atraviesan las entidades públicas hasta fin de año. Como ejemplo, indicó que si la Alcaldía de Tarija recibiera una devolución aproximada de 55 millones de bolivianos, una cifra similar podría distribuirse entre los otros municipios del departamento.
El alcalde recordó que durante una reunión realizada en Cochabamba presentó una propuesta orientada a enfrentar la crisis económica mediante la devolución de recursos del IDH hasta diciembre. Asimismo, informó que envió una nota al Gobierno nacional planteando esta alternativa.
Según explicó, a partir de enero deberá discutirse la forma en que se distribuirán los recursos económicos y las responsabilidades entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales.
Torres también indicó que solicitó al Gobierno nacional una asignación presupuestaria adicional para cubrir los efectos del incremento en el precio de los combustibles y del salario básico. Sin embargo, señaló que la respuesta oficial estableció que las entidades autónomas deben asumir esos costos con recursos propios.
“El gobierno nos ha contestado diciéndonos que nosotros somos entidades autónomas y que tenemos la responsabilidad de subvencionar todos los gastos que tienen las autonomías”, manifestó.
En ese contexto, cuestionó que los gobiernos municipales deban asumir los impactos financieros derivados de decisiones adoptadas por el nivel central, particularmente en lo relacionado con los hidrocarburos y los incrementos salariales.
La autoridad informó además que recibió una respuesta del viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, y anunció la realización de una reunión con los once municipios de Tarija el próximo viernes, con el objetivo de evaluar la situación económica de cada gobierno municipal y plantear alternativas de solución.
Explicó que el encuentro permitirá elaborar un diagnóstico técnico sobre los efectos que tienen el aumento de los combustibles y del salario mínimo nacional en las finanzas municipales.
Como ejemplo, detalló que la partida presupuestaria destinada a combustibles en la Alcaldía de Tarija asciende a 10 millones de bolivianos anuales, pero que ahora se requieren entre 18 y 20 millones de bolivianos para cubrir el mismo servicio.
“Prácticamente estamos hablando de casi el cien por ciento de incremento”, señaló.
Torres precisó que el precio del diésel pasó de 3,78 a 9,80 bolivianos, situación que ha elevado considerablemente los costos operativos del municipio.
Asimismo, indicó que el incremento del salario mínimo nacional no solo repercute en los salarios más bajos, sino también en otros componentes laborales como la antigüedad, los aportes previsionales y los beneficios vinculados a la seguridad social.
La autoridad advirtió que estas obligaciones generan fuertes presiones económicas para las alcaldías, especialmente para aquellas con menores ingresos.
“Yo creo que ya hay municipios en el departamento de Tarija, como en el país, que están totalmente parados”, afirmó.
Como referencia, mencionó que municipios como Yunchará, además de otros cercanos a la capital, enfrentan dificultades para sostener servicios básicos que dependen del consumo de combustible, entre ellos el transporte de residuos sólidos.
Finalmente, señaló que la Alcaldía de Tarija consume entre 40.000 y 60.000 litros de diésel por mes. Aunque aseguró que el municipio no enfrenta problemas de abastecimiento debido a que adquiere combustible directamente de Yacimientos, reconoció que el incremento de precios representa una carga económica significativa para las finanzas municipales.
“Sí tenemos el problema del pago adicional por el incremento de los combustibles».
