Pakistán bombardeó el este de Afganistán y dejó al menos 28 civiles muertos y 49 heridos, según confirmó de forma independiente la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), que advirtió de que las cifras son preliminares y podrían aumentar. El gobierno talibán eleva el balance a 36 fallecidos —entre ellos mujeres y niños— y más de 163 heridos.
Los ataques aéreos y terrestres se produjeron la noche del domingo en las provincias fronterizas de Paktia, Paktika y Kunar. El portavoz adjunto del ejecutivo afgano, Hamdulá Fitrat, detalló que un primer bombardeo sobre una vivienda en el distrito de Chamkani, en Paktia, mató a un anciano y a un niño. Cuando los vecinos se congregaron para socorrer a los heridos, la zona fue atacada por segunda vez, lo que causó la muerte de 28 aldeanos y dejó 158 heridos.
En el distrito de Giyan, provincia de Paktika, seis personas —en su mayoría mujeres y niños— murieron al ser alcanzada otra vivienda. Un tercer bombardeo sobre una casa en Kunar no causó víctimas humanas, pero mató unas 30 cabezas de ganado y destruyó la propiedad por completo.
El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, reivindicó las operaciones como una respuesta directa a “múltiples incidentes terroristas” en suelo paquistaní, y aseguró que los objetivos eran refugios de Jamaat-ul-Ahrar —facción escindida en 2014 del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)— y del grupo Fitna al-Khwarij, denominación con la que Islamabad designa al TTP. Según Tarar, los ataques de precisión abatieron a 25 combatientes y destruyeron “una gran cantidad de armas y municiones”.
El detonante inmediato fue un asalto perpetrado el sábado por la noche contra el cuartel general de los Rangers de Pakistán en Karachi, que se saldó con tres soldados muertos y cuatro heridos. Jamaat-ul-Ahrar reivindicó el ataque. Tras el tiroteo, las fuerzas de seguridad abatieron a tres agresores y detuvieron a un cuarto, identificado por el ejército como ciudadano afgano. La policía difundió una declaración del detenido en la que atribuía la planificación del atentado a Jamaat-ul-Ahrar, aunque los cables no precisan si la confesión fue obtenida bajo coacción.
Tarar compartió en X tres videos que, según afirmó, mostraban proyectiles impactando en campamentos de los grupos armados en las tres provincias afganas. Prometió que la campaña “continuará a plena marcha para erradicar la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado desde el extranjero”.
El Ministerio de Exteriores de Afganistán convocó al encargado de negocios de Pakistán en Kabul para trasladarle una “firme protesta” por “la violación del espacio aéreo afgano y los bombardeos contra viviendas civiles”. En un comunicado difundido en redes sociales, la cartera acusó al “régimen militar agresor de Pakistán” de cometer “una clara violación de los principios internacionales, las normas humanitarias y la soberanía nacional”.
El portavoz del gobierno talibán, Zabihulá Muyahid, calificó la ofensiva de “cobarde acto de agresión” y “acto de brutalidad”. El viceministro de Publicaciones del Ministerio de Información y Cultura afgano, Hayatula Mohajer Farahi, advirtió de que Afganistán responderá “a su debido tiempo”. El portavoz adjunto de Exteriores afgano, Zia Ahmad Takal, acusó a Islamabad de atribuir repetidamente a Kabul incidentes de seguridad ocurridos dentro de Pakistán “sin pruebas creíbles”.
Pakistán convocó a su vez al principal diplomático afgano en Islamabad para protestar por la participación de nacionales afganos en ataques recientes en territorio paquistaní, incluido el de Karachi.
En paralelo a los bombardeos, el Ministerio del Interior de Pakistán emitió una directiva que ordena el arresto inmediato, a partir del 10 de julio, de cualquier ciudadano afgano que resida en el país sin visado válido. Según datos de la ONU, cerca de dos millones de afganos viven en Pakistán, de los cuales unos 800.000 están registrados como refugiados. El 30% de los afganos asistidos que cruzaron la frontera en la última semana carecía de documentación.
India condenó los ataques al calificarlos de “flagrante acto de agresión contra la soberanía” afgana y una “amenaza directa a la paz y estabilidad regionales”, al tiempo que rechazó las acusaciones de Islamabad sobre una supuesta implicación india en el apoyo al TTP. El portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, tachó esas acusaciones de “infundadas” y exigió a Pakistán que “mire hacia adentro y tome medidas creíbles contra la infraestructura terrorista en su territorio”.
Los enfrentamientos entre los dos países se intensificaron a finales de febrero, cuando Islamabad declaró una situación de “guerra abierta” tras una oleada de ataques terroristas y bombardeos fronterizos cruzados. La UNAMA registró al menos 372 civiles afganos muertos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, según un informe publicado a mediados de mayo. Una tregua de varios días en marzo no logró consolidarse, y los ataques se reanudaron poco después.
Los bombardeos del domingo pusieron fin a cerca de un mes de relativa calma. Varias rondas de negociaciones, incluida una mediación china en abril tras la cual Beijing anunció que ambas partes habían acordado no escalar el conflicto, no produjeron un cese de hostilidades sostenido. Las relaciones bilaterales se deterioraron de forma acelerada desde el retorno de los talibanes al poder en Kabul en agosto de 2021, y la frontera permanece en gran parte cerrada desde el recrudecimiento de la violencia en octubre.
